Qué complicado

Es un espacio de análisis en el que deseo platicar y reflexionar con Ustedes las cosas cotidianas de la vida; esas que pareciera no tienen la menor importancia, hasta que precisamente nos suceden; entonces cambia totalmente nuestra perspectiva.

SIN INTELIGENCIA NO HAY ESTADO; SIN CONTROLES, TAMPOCO HAY DEMOCRACIA

Ningún Estado puede garantizar plenamente su soberanía, estabilidad institucional, seguridad y libertades públicas sin contar con servicios profesionales de inteligencia. Sin embargo, su legitimidad depende de que actúen al servicio del Estado constitucional y no de los intereses particulares del gobierno en turno. Reivindicar la labor legítima de los servicios de inteligencia no implica negar sus errores históricos; significa exigir que cuenten con las capacidades necesarias para proteger al Estado mexicano y que jamás vuelvan a confundirse con instrumentos de persecución al servicio del poder político.

La seguridad nacional no puede quedar sometida a prejuicios ideológicos ni a los intereses del gobernante en turno.

Por Rafael Solís / Qué complicado

Existe una paradoja difícil de comprender en las sociedades contemporáneas: mientras millones de ciudadanos exigen seguridad, estabilidad, paz social y protección de sus libertades, algunos sectores mantienen una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de producir la información estratégica que permite al Estado anticiparse a las amenazas que ponen en riesgo precisamente esas condiciones.

Me refiero a los servicios de inteligencia, instituciones históricamente estigmatizadas, frecuentemente cuestionadas por sus métodos y, en no pocas ocasiones, juzgadas a partir de prejuicios ideológicos, sin distinguir entre sus funciones legítimas y los abusos que eventualmente puedan cometer quienes las integran.

Pareciera que para algunos resulta más sencillo condenar la existencia de los servicios de inteligencia que comprender su importancia para la estabilidad política, económica y social de una nación.

Sin embargo, debemos comenzar por una premisa elemental: ningún Estado moderno puede prescindir de la inteligencia sin comprometer seriamente su capacidad para prevenir amenazas, proteger su soberanía y garantizar condiciones de seguridad a la sociedad.

La inteligencia, una necesidad que no distingue ideologías

Estados Unidos cuenta con la CIA, la NSA y otras instituciones especializadas; el Reino Unido dispone del MI5, el MI6 y el GCHQ; Israel tiene al Mossad y al Shin Bet; Rusia mantiene al FSB y al SVR; China desarrolla poderosas capacidades de inteligencia y contrainteligencia.

 En España, Alemania, Francia y Canadá existen instituciones con responsabilidades semejantes, aunque organizadas conforme a sus respectivos sistemas políticos y jurídicos.

¿Por qué prácticamente todas las potencias y los Estados con capacidades institucionales relevantes mantienen servicios de inteligencia?

La respuesta es sencilla: porque conocen perfectamente el costo de ignorar los riesgos y las amenazas antes de que se conviertan en crisis.

La inteligencia no consiste solamente en espiar, como suele afirmarse con ligereza. Comprende procesos especializados de obtención, evaluación, integración, análisis e interpretación de información que permiten identificar riesgos, establecer escenarios, anticipar acontecimientos y proporcionar elementos a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones.

De ahí su extraordinaria importancia en la defensa nacional, la seguridad pública, la contrainteligencia, la protección de infraestructura estratégica, la prevención del terrorismo, el combate a la delincuencia organizada y la identificación de operaciones de injerencia extranjera.

Y hay algo más: la inteligencia verdaderamente profesional no debe producir información para complacer al gobernante, sino conocimiento para advertirle de aquello que necesita saber, aunque políticamente le resulte incómodo.

Los adversarios políticos y la contradicción ideológica

En México, durante buena parte del siglo XX, distintas organizaciones de izquierda mantuvieron una posición de confrontación frente a los organismos de seguridad e inteligencia, especialmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y, posteriormente, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Las acusaciones de espionaje, infiltración, persecución política y colaboración con agencias estadounidenses formaron parte de su discurso histórico.

Por supuesto, sería irresponsable negar que existieron prácticas ilegales y violaciones graves a los derechos humanos. La llamada guerra sucia mexicana dejó heridas que todavía reclaman verdad, memoria y justicia.

Pero tampoco podemos ignorar las contradicciones ideológicas de aquella época.

Mientras determinados sectores denunciaban la intervención estadounidense y las actividades de la CIA en territorio mexicano, manifestaban simpatías políticas por la Unión Soviética, la revolución cubana y otros movimientos revolucionarios de América Latina.

Algunas organizaciones y dirigentes encontraron inspiración doctrinaria y mantuvieron vínculos políticos internacionales con movimientos que promovían modelos de organización del Estado profundamente distintos al constitucionalismo democrático occidental.

Desde luego, identificarse con una ideología extranjera, viajar a otro país o mantener relaciones políticas internacionales no constituye por sí mismo una conducta ilegal ni una amenaza a la seguridad nacional. La cuestión es diferente cuando intervienen operaciones clandestinas, financiamiento ilícito, actividades de espionaje, acciones violentas o mecanismos de injerencia destinados a vulnerar la soberanía y las instituciones de un país.

En este punto conviene recordar una verdad incómoda: las potencias han utilizado sus servicios de inteligencia para proteger sus intereses, pero también, en determinados momentos, para intervenir en los asuntos internos de otras naciones.

Los documentos desclasificados sobre la colaboración entre la CIA y las autoridades mexicanas durante la Guerra Fría constituyen una demostración de ello. Por tanto, ni Washington ni Moscú deberían quedar fuera del análisis histórico cuando se examinan las operaciones de influencia y las disputas geopolíticas desarrolladas en México.

El problema no es la ideología de quien cuestiona a los servicios de inteligencia. El problema comienza cuando se pretende convertir la afinidad política en criterio para decidir qué actividades de intervención extranjera deben condenarse y cuáles merecen tolerancia.

López Obrador: del discurso contra el espionaje a las denuncias de Pegasus

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, la inteligencia mexicana experimentó una transformación institucional. El CISEN fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras el nuevo presidente sostenía que su gobierno no realizaría espionaje político, argumentando que él mismo había sido víctima de esas prácticas cuando encabezaba la oposición.

El discurso resultaba políticamente atractivo. Después de todo, ¿quién podría cuestionar la promesa de terminar con la vigilancia ilegal de adversarios políticos? Sin embargo, las contradicciones comenzaron a evidenciarse cuando investigaciones independientes documentaron infecciones de teléfonos mediante Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos durante su administración.

Los hallazgos de Citizen Lab y organizaciones mexicanas acreditaron técnicamente distintas infecciones, aunque no permitieron identificar de manera concluyente al responsable de cada operación. Es decir, las denuncias merecían investigaciones serias, no descalificaciones políticas ni respuestas sustentadas exclusivamente en la palabra presidencial.

Lo verdaderamente preocupante es que una administración que construyó parte de su legitimidad denunciando el espionaje del pasado terminara enfrentando cuestionamientos sobre la utilización de tecnologías semejantes.

Aquí aparece una distinción fundamental que los gobiernos parecen olvidar cuando alcanzan el poder.

La inteligencia de Estado es una función legítima e indispensable; el espionaje político dirigido a perseguir adversarios, intimidar periodistas o vulnerar derechos fundamentales constituye una desviación de esa función.

No son lo mismo.

Tampoco puede aceptarse que un cambio de gobierno justifique la destrucción de capacidades profesionales, la pérdida de experiencia acumulada o la subordinación de instituciones estratégicas a lealtades partidistas. Los gobiernos son transitorios. El Estado y sus responsabilidades de seguridad permanecen.

Defender al Estado no significa defender al gobierno

Quizá aquí se encuentre la confusión más peligrosa del debate mexicano.

La seguridad del Estado no puede equipararse automáticamente con la seguridad del partido gobernante, ni la estabilidad institucional debe confundirse con la permanencia de una determinada fuerza política en el poder.

Una organización opositora, un periodista crítico, un sindicato independiente o un movimiento social no son enemigos del Estado por ejercer sus derechos constitucionales. La protesta, la crítica y la competencia democrática forman parte de la vida institucional de una nación.

Otra cosa muy distinta ocurre cuando existen indicios objetivos de actividades delictivas, operaciones de intervención extranjera, financiamiento criminal, conspiraciones violentas o acciones destinadas a comprometer bienes jurídicos tutelados por la Constitución. Precisamente para distinguir entre esas realidades se necesitan instituciones de inteligencia profesionales, técnicamente competentes y jurídicamente reguladas.

De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una actividad estratégica en un instrumento de persecución política. La inteligencia debe proteger el orden constitucional, no la comodidad del gobernante.

México frente a las amenazas del siglo XXI

Hoy los riesgos que enfrenta nuestro país son considerablemente más complejos que aquellos asociados a las disputas ideológicas de la Guerra Fría. La expansión territorial de la delincuencia organizada, la infiltración criminal en instituciones públicas, la corrupción, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la ciberdelincuencia y la operación de organizaciones transnacionales representan amenazas que no pueden enfrentarse únicamente con patrullas, detenciones y despliegues militares.

Se requieren capacidades de inteligencia estratégica, táctica y operativa; contrainteligencia; análisis prospectivo; coordinación interinstitucional y cooperación internacional. Y, sobre todo, se necesita comprender que la información no equivale necesariamente a inteligencia.

Acumular millones de registros, intervenir comunicaciones o disponer de enormes plataformas tecnológicas no garantiza mejores decisiones si se carece de analistas preparados, metodologías rigurosas y criterios profesionales independientes.

La expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en julio de 2025, representa un paso relevante hacia la articulación institucional. Sin embargo, también exige una reflexión sobre los controles aplicables al acceso, tratamiento e intercambio de grandes volúmenes de información personal. Porque la concentración de información en manos del Estado, sin mecanismos efectivos de supervisión, puede generar riesgos tan importantes como aquellos que se pretende combatir.

La fortaleza de un servicio de inteligencia no debería medirse por la cantidad de ciudadanos que puede vigilar, sino por su capacidad de identificar riesgos, amenazas reales, prevenir daños y proporcionar información confiable (inteligencia) sin vulnerar libertades.

La inteligencia y los derechos humanos no son enemigos

Es frecuente escuchar que los servicios de inteligencia y los derechos humanos representan intereses contrapuestos. Nada más equivocado cuando las instituciones actúan dentro de los límites constitucionales.

La seguridad constituye una condición material importante para el ejercicio efectivo de múltiples derechos. Sin ella, la libertad de tránsito, la integridad personal, el patrimonio, el desarrollo económico e incluso la participación democrática pueden quedar seriamente comprometidos.

Pero esa relación también funciona en sentido contrario: un Estado que vulnera sistemáticamente las libertades en nombre de la seguridad termina erosionando la legitimidad de las instituciones que pretende defender.

Por eso, las actividades de inteligencia deben someterse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y supervisión independiente.

No se trata de exigir que los agentes revelen sus fuentes, procedimientos o identidades. La secrecía operativa puede ser indispensable para proteger investigaciones y vidas humanas. Se trata de garantizar que el secreto institucional no se convierta en una licencia para la arbitrariedad.

Los controles judiciales, legislativos y administrativos, acompañados de responsabilidades claramente establecidas, fortalecen a las instituciones profesionales y contribuyen a recuperar la confianza pública.

¿Qué clase de inteligencia necesita México?

México no necesita servicios de inteligencia subordinados a los intereses electorales del gobierno ni instituciones debilitadas por prejuicios políticos. Necesita organismos profesionales, técnicamente sólidos, con personal especializado, estabilidad institucional, recursos suficientes y una auténtica cultura de legalidad.

Instituciones capaces de advertir al poder político sobre los riesgos que enfrenta el país, incluso cuando esas advertencias contradigan el discurso oficial. Porque el peor servicio que un organismo de inteligencia puede prestar a una nación es ocultar la realidad para satisfacer al gobernante.

También debemos abandonar la simplificación de considerar que todo agente de inteligencia es un represor o que cualquier actividad reservada constituye espionaje ilegal. Esa generalización desconoce una función que, cuando se ejerce legítimamente, contribuye silenciosamente a la seguridad de millones de personas.

Sin embargo, tampoco podemos permitir que la defensa de la seguridad nacional sirva como pretexto para justificar violaciones a los derechos humanos. La verdadera inteligencia de Estado no persigue ideologías: identifica amenazas. No fabrica enemigos: analiza riesgos. No protege partidos: defiende instituciones. Y no sustituye al Estado de derecho: actúa sometida a él.

Al final, la cuestión no consiste en decidir si México debe contar con servicios de inteligencia. Esa necesidad está fuera de discusión. La verdadera pregunta es si tenemos la voluntad política de construir instituciones capaces de servir a la nación con independencia de quién ocupe temporalmente la Presidencia de la República.

Porque una democracia sin inteligencia puede quedar indefensa frente a sus enemigos reales, pero una inteligencia sin controles puede terminar convirtiéndose en una amenaza para la propia democracia.

Y ahí está la paradoja: desprestigiar sistemáticamente a los servicios de inteligencia puede debilitar al Estado; permitir que operen sin controles puede destruir las libertades que están obligados a proteger.

¡Qué complicado!

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