Por Anayanci Bravo Urquidi
Comunicadora oaxaqueña
Octubre de 2025
La paridad de género es, sin duda, una de las mayores conquistas políticas de las mujeres mexicanas. Hoy ocupamos espacios que hace apenas unas décadas eran impensables. Pero la pregunta ya no es si las mujeres podemos llegar al poder, sino qué tan libres somos para ejercerlo. Blindar la paridad significa pasar del número al liderazgo sustantivo, del símbolo a la decisión real.
En México, la paridad numérica ha transformado la composición de congresos, gabinetes y gobiernos locales. Hoy somos testigos de un hecho histórico: por primera vez, una mujer encabeza la Presidencia de la República. Sin embargo, persisten inercias que impiden traducir la presencia en poder real: decisiones concentradas en estructuras partidistas, jerarquías masculinas y resistencias culturales que limitan la autonomía femenina.
A treinta años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, ONU Mujeres advierte que, aunque la participación de las mujeres se ha duplicado en las últimas tres décadas, siguen subrepresentadas en los espacios de poder y liderazgo, tanto en el sector público como en el privado. El organismo subraya que el modelo patriarcal vigente continúa obstaculizando el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos en Beijing.
El informe establece que solo el 27 % de los escaños parlamentarios y el 23 % de las secretarías de Estado están encabezadas por mujeres; apenas 91 países en toda la historia moderna —y solo 26 en la actualidad— han sido dirigidos por una mujer como jefa de Estado o de Gobierno. México alcanzó la paridad en el Congreso y la incorporó como principio de paridad en todo en la reforma constitucional de 2019, pero comparte con el resto del mundo el mismo desafío: que la igualdad de presencia se traduzca en igualdad de poder.
En esa misma ruta, la Recomendación General No. 40 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reafirma que la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres no es solo un derecho político, sino una condición esencial de la democracia y del Estado de derecho. El Comité advierte que, a pesar de los avances numéricos, el poder real sigue concentrado en estructuras patriarcales y exhorta a los Estados Parte, incluido México, a garantizar una participación significativa en todos los niveles de decisión, reforzar presupuestos con perspectiva de género, combatir la violencia política y asegurar la paridad interseccional para mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y de la diversidad sexual.
Aterrizando ese estándar internacional al plano nacional, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE reforzó los mecanismos de control financiero sobre los partidos, que por ley deben destinar al menos el 3 % de su financiamiento público a la capacitación y liderazgo político de las mujeres, según el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, los informes públicos del INE (repositoriodocumental.ine.mx), muestran que gran parte de ese presupuesto se usa de forma discrecional y no genera resultados medibles. Urge legislar para aumentar ese porcentaje y vincularlo a indicadores de impacto y transparencia. Blindar la paridad implica también blindar su financiamiento: la norma existe, pero su cumplimiento requiere vigilancia constante, sanción efectiva y voluntad política.
Para 2023-2024, el INE aprobó acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual. El informe Acciones afirmativas: participación político-electoral de los grupos en situación de discriminación durante el Proceso 2023-2024 de la CNCS-INE (igualdad.ine.mx) mostró que solo el 19 % de las notas dio voz directa a estos grupos. En especial, las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad aparecieron como fuentes secundarias. Blindar la paridad exige financiamiento y acompañamiento diferenciados, no solo postulación.
La violencia política sigue siendo la grieta más profunda en la paridad sustantiva. El Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en México (CNDH, 2023) documenta que la mayoría de los casos se concentran en el nivel municipal y que es urgente fortalecer la prevención, sanción y reparación integral. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, hasta junio de 2023 existían 341 registros correspondientes a 298 personas, la mayoría hombres. Blindar la paridad también significa proteger a las mujeres del hostigamiento y la deslegitimación que restringen su voz y su poder.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las acciones afirmativas son herramientas temporales que deben evolucionar hacia la igualdad sustantiva. Sin embargo, la jurisprudencia III/2023 del TEPJF determina que, cuando una candidatura pertenece a más de un grupo en situación de discriminación, solo puede contabilizarse para uno, lo que desincentiva las postulaciones interseccionales. Una democracia paritaria no puede limitarse a sumar mujeres: debe garantizar que todas —indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes o diversas— tengan acceso real al poder y voz en su propio diseño.
Como documentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2008), la marginación comienza en el idioma y las estructuras comunitarias. Muchas lideresas han abierto camino desde lo local a través del trabajo comunitario y la defensa de sus derechos colectivos. Blindar la paridad es blindar el futuro; porque los derechos no se heredan, se defienden. Que la igualdad cuente, pero sobre todo, que valga.
