21 de noviembre de 2025.
Un juez federal de Estados Unidos emitió la semana pasada una orden que restringió el uso de la Guardia Nacional en diversas operaciones internas, particularmente en tareas vinculadas al control migratorio y la seguridad civil. La resolución fue resultado de una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que el Gobierno había excedido sus facultades constitucionales en el despliegue de estos elementos militares.
De acuerdo con documentos judiciales, el fallo establece que la Guardia Nacional no podrá ser movilizada para actividades que no estén expresamente autorizadas por el Congreso, salvo en situaciones de emergencia definidas de manera precisa y bajo supervisión civil. La medida buscó limitar la participación militar en funciones tradicionalmente reservadas a agencias de seguridad y autoridades locales.
La decisión generó debate a nivel nacional. Algunos estados celebraron la restricción al considerar que fortalecerá los controles democráticos sobre las fuerzas armadas, mientras que sectores conservadores criticaron que podría dificultar la respuesta en zonas fronterizas donde se han reportado incrementos en cruces irregulares.
Expertos legales señalaron que el fallo podría convertirse en un precedente relevante para futuros casos relacionados con la intervención militar en asuntos civiles, especialmente en un contexto en el que las discusiones sobre seguridad y migración continúan siendo tema central en la política estadounidense.
